El intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario no aparecieron ni expresaron ninguna opinión ni tampoco expusieron su preocupación a través de alguna red social u oficial sobre el trágico asesinato de Pablo Flores, el colectivero de la línea 218 en el barrio San Javier, de Virrey del Pino, que provocó una violenta reacción de sus compañeros con quemas de vehículos en la puerta de la Comisaría 16ta., un paro total por casi un día y dos cortes de rutas, en la ruta 3, altura Km. 45 y en la General Paz.
El silencio de las máximas autoridades políticas del distrito y de la Provincia de Buenos Aires retumban por lo llamativo del mismo, máxime cuando el año pasado, cuando sucedió un hecho similar, sin semejante reacción social, Magario estuvo una semana discutiendo con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y con el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a quienes reclamaban más presencia policial y más ayuda oficial.
Hoy, como parte del gobierno provincial, la vicegobernadora no habló, no buscó ni culpables ni ofreció respuestas. El intendente tampoco. Varias horas después que el caos se adueñó de la noche y toda la mañana, con quemas de autos frente a la comisaría, cortes en la Ruta 3 y en la Avenida General Paz, apareció el primer funcionario oficial, que no fue municipal. Sergio Berni, con su espectacular moto, se apersonó luego de las expresiones de los colectiveros que reclamaban su presencia.
A pesar de eso, ninguno, ni Magario ni Espinoza, hablaron, se expusieron o propusieron alguna solución. Como si todo se circunscribiera a una cuestión estrictamente policial, es decir, de la Provincia de Buenos Aires, no del municipio.
Esta ausencia revela los niveles de desconexión que tienen los máximos dirigentes de La Matanza con el gobierno bonaerense. Hace más de un mes, en la Casa Rosada, fue el intendente el que el recriminó personalmente al gobernador Axel Kicilof por su forma de actuar en muchos temas importantes y le recriminaron la continuidad de Berni como ministro.
Que ahora hayan mirado para otro lado a pesar que su distrito se estaba incendiando no deja otra conclusión. El principal aportante de votos para el peronismo provincial y nacional está enojado con sus autoridades provinciales, y la compañera de la fórmula que lo llevó a la gobernación no le puso un gramo de voluntad para que el tema no se desmadre.
La desconfianza, profundizada hace quince días en medio de la protesta policial que finalizó con el anuncio de un fuerte aumento para la fuerza producto de la quita de la coparticipación nacional a la Ciudad de Buenos Aires para dársela al gobierno provincial, siguió con el cambio de los jefes de La Bonaerense que hicieron buena parte de su carrera en La Matanza y que voceros oficiosos vinculaban con el intendente Espinoza.
La huelga policial tuvo como epicentro este distrito y uno de los amotinados amenazó con suicidarse. Luego se supo que militaba en el oficialismo local, además.
La Matanza es conducida desde hace más de dos decadas por las mismas autoridades, todas herederas del esquema diseñado por Alberto Balestrini. El dominio territorial, además, se profundiza con los aportes de muchas organizaciones legales y no, como la Barra Brava de Laferrere, siempre presente para apaciguar, de manera inorgánica, situaciones conflictivas en muchos barrios. Acá no hubo nadie dispuesto a apagar el incendio, a pesar que la movilización la encabezó una organización gremial como la UTA, de buena relación con el oficialismo local. Marcelo Barreiro, interventor de las 62 Organizaciones y secretario general de la Unión Tranviaria Automotor, es uno de los referentes sindicales elegidos por el intendente y la vicegobernadora.
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