La diputada nacional por el Frente de Todos, Laura Russo, presentó un proyecto de ley para reducir en un 50% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los municipios al ejecutar obra pública y así equipararlo a la construcción privada.
Como a la mayoría de la sociedad que la pandemia le exigió maximizar los recursos y experimentar otras formas de conseguir el sustento, los municipios también tomaron nota que sólo con la “maquinita” del gobierno nacional no podían seguir soportando los gastos corrientes y mucho menos generar nueva infraestructura.
Russo es una estudiosa de los movimientos municipales. Hasta hace poco era funcionaria en el municipio de Escobar, administrado por Ariel Sujarchuk.
Seguramente de esos diálogos constantes haya salido la iniciativa de buscar esta manera que no genera nuevos recursos pero por lo menos promovería un ahorro del 50% en uno de los ítems que más rinde políticamente y que fruto de la destrucción de la actividad económica que trajo el COVID’19 quedó paralizada.
Con la propuesta de reducir del 50% de la alícuota se buscar saldar la asimetría injusta que existe entre obra pública y particular, así como generar un fuerte impulso a la reactivación de las economías regionales en este contexto de pandemia.
Hace seis años, cuando se agravó el derrape económico que determinó la pendiente del gobierno kirchnerista, para aliviar un poco la producción de algunos sectores se determinó que los constructores privados abonaran la mitad del ingreso al valor agregado en sus emprendimientos. Pero nada se había fijado sobre las obras nacionales, provinciales y municipales.
En 2009 también se había analizado proponer la reducción de los impuestos para el pago de los servicios de recolección de residuos, pero tal iniciativa no prosperó.
La legisladora escobarense expuso en sus fundamentos que se debe pensar el escenario posterior a la pandemia del coronavirus con un orden económico distinto y, en ese contexto, argumentó su iniciativa en el efecto dinamizador que la obra pública tiene en la economía.
“Reducir el impacto del IVA que pagan los municipios significa equipararlo al de la construcción privada, una asimetría injusta que hay que saldar. Además, esta medida contribuirá a la generación de empleo, la modernización de infraestructura y el desarrollo económico, fomenta la actividad de las grandes empresas, las miles de PyMEs y los comercios locales, generándose así un círculo virtuoso”, afirma Russo.
La propuesta de la diputada cuenta con el fuerte apoyo de legisladores de distintas jurisdicciones de la Argentina ya que se destaca por el espíritu federal dado que la iniciativa es aplicable a todos los municipios del país.
“Consideramos que el fortalecimiento de las instituciones más cercanas a la población es una tarea fundamental y urgente en este contexto de crisis global”, expresa Russo en su presentación.
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