La Sala II de San Martín dispuso denegar una prisión domiciliaria a un acusado de violación. Es un hecho testigo en medio de la discusión por la liberación de presos impulsada por otros jueces y funcionarios nacionales y provinciales.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín revocó la liberación de un preso acusado de violación con una condena firme en ejecución y expone la crítica situación judicial y política que dejó la decisión de liberar presos dispuesta por la Suprema Corte provincial e impulsada por la Comisión Permanente por la Memoria y varios funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación.
Con la firma de los magistrados Sergio Pilarche y Javier Mariani, la Sala II revocó todo lo actuado por el juez penal Rubén Belagio quien había dispuesto morigerar la pena y le concedió la prisión preventiva a Alibal Alejo Larrea, quien cumplía prisión por violación.
La decisión de los camaristas se conoció hoy al mediodía y aparece justo que se supo la decisión política del Frente Renovador de iniciar un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Carlos Julio Hermello, de la sala I de Apelaciones de San Martín, y contra la jueza de primera instancia María Inés Piñero Bertot por la liberación de Antonio Di Palma, también acusado por violación. “El miedo no es zonzo”, razonó Jorge D´Onofrio, diputado provincial massista y promotor de las investigaciones contra los jueces.
Según sostiene Pilarche, la revocación dispuesta se sostiene en que a Larrea le siguen pesando “los peligros procesales que justificaron su detención” y por la “propia modalidad de la conducta endilgada al nombrado –abuso sexual gravemente ultrajante- por la proximidad con las víctimas que podría inducir a testigos” al tiempo que recordó que “en marzo se rechazó la excarcelación ordinaria”.
En su resolución de 18 páginas, los jueces también remarcaron que fue el propio juez Belagio quien al disponer la morigeración de la pena a Larrea se le “prohíbe estar cerca de chicos sin la continua de otro mayor de edad”.
La decisión de Pilarche y Mariani se da justo en momentos donde está en debate la liberación de presos de diferente índole, tanto políticos presos como Amado Boudou o Ricardo Jaime a violadores, ladrones o asesinos sin sentencia firme o en constante estado de apelación.
Ante un inicio errático y casi favorable a las excarcelaciones, que permitió las presentaciones de diferentes funcionarios de sus gobiernos, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicilof dieron marcha atrás y salieron a decir que nunca pretendieron facilitar la morigeración de penas a presos ni encausados y que todo estaba en marco de las decisiones adoptadas por el Poder Judicial.
Sin esperar mayores resultados, y ante las denuncias de vecinos y algunos magistrados, los intendentes del Conurbano expusieron su preocupación al respecto. Quien primero lo hizo fue el jefe comunal de San Miguel, Jaime Méndez, y luego lo siguieron sus pares de Ituzaingó, Alberto Descalzo, de Merlo, Gustavo Menéndez, de Morón, Lucas Ghi y de Hurlingham, Juan Zabaletta quienes se reunieron la semana pasada con la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial Morón para saber si se estaban produciendo excarcelaciones indiscriminadas.
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