La trágica muerte quemada de Lucía Costa en una hamburguesería de San Miguel reavivó el debate no zanjado por la anarquía dispuesta en la Provincia de Buenos Aires por las asfixiantes restricciones comerciales e industriales que varios municipios empezaron a incumplir por la presión de los desesperados pequeños empresarios que no podían facturar desde hace varios meses.
La tragedia que tiene como máxima perjudicada a la familia Costa, quien acaba de sufrir la pérdida de su hija, aún no tuvo una explicación oficial por parte del municipio de San Miguel que no se percató que Zar Burguer estaba infligiendo las condiciones para las cuales había sido habilitada para trabajar, sólo el take way, es decir, comprar por mostrador y no quedarse ahí.
Sin embargo, Lucía fue a pasar junto con unos amigos una noche de distracción. Fue su primera salida, y decidieron ir hasta Paunero 1189. Ni ella ni quienes estaban ahí podían saber que no estaba habilitado.
Lo que salta a la vista es falta de control municipal sobre este comercio, ubicado en una arteria extremadamente comercial y concurrida. Si hubiera habido un inspector esto se subsanaba. Quizás el empleado municipal pasó, pero no para observar el cumplimiento de la normativa, precisamente.
El bidón con alcohol es sólo el instrumento de la fatídica muerte. Las razones son, como siempre, la ausencia de fiscalización adecuada a la que se suman múltiples factores que desencadenaron en la muerte de Lucía.
El lugar, que no tenía salida de emergencia y habilitó un patio interno para que allí comieran y pasaran un rato, no tendría que haber estado funcionando. Pero al liberarse las actividades gastronómicas, supuestamente con protocolos, todo quedó habilitado sin estarlo.
El desmadre se produce en medio de una fricción permanente entre el gobierno de Axel Kicilof y los municipios de todos los partidos políticos, aunque con más decisión por los gobernados por Juntos Por el Cambio.
“En San Miguel hay un limbo entre el semáforo que impuso Tandil y atenerse a algunas restricciones que aún subsisten en el AMBA”, le dijo a Sentido Común un analista de la cotidianeidad local.
El municipio que conduce Jaime Méndez aún no ha dado ninguna información o explicación oficial. Se analiza si Mariano Calvente, el director general de Inspecciones renuncia, o si también el secretario de Gobierno, Cristian Méndez, primo hermano del intendente, presenta su dimisión.
Los amigos y los familiares de Lucía marcharán en reclamo de justicia, mientras que la UFI 4 de San Martín inició una causa por Homicidio y Lesiones Culposas.
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