LA MATANZA: UNA CARTERA DE CLIENTES QUE AUMENTA

La explosión de tomas de tierra en el municipio ratifica el podio de capital nacional de la villa y el asentamiento.

Nunca se registró en su historia una oferta pública de lotes formales generados por la gestión municipal. Concretamente, los sectores populares, incluyendo a las clases medias locales no disponen de una opción legal de acceso a un lote con los servicios básicos garantizados pudiendo pagar por ello con un precio de manera modo accesible.

El déficit de vivienda es aquí mucho más alto que la media nacional y el 70% de las viviendas de los resonantes “Planes federales de vivienda” que se iniciaron en distintas localidades quedaron abandonados inconclusos hasta el día de hoy, en algunos casos con las viviendas culminadas y faltando solo obras menores complementarias, una situación de obscenidad política, desidia y desprecio por la vida humana y los recursos públicos.

La Matanza en si tiene las dimensiones y la población de una provincia y cada una de sus 16 localidades tiene población y dimensión y complejidad geográfica para ser un municipio, pero es gobernada por un intendente y gestionada por una estructura municipal, y sus 2,5 millones de almas son “representadas” por 24 concejales, 5 de ellos opositores.

55.000 familias son rehenes de un poder político construido sobre la estrategia de no resolver estructuralmente y de fondo las necesidades de la gente para poder a través de su entramado territorial de punteros pagos poder administrar esas mismas necesidades con falsas soluciones, respuestas parciales de emergencia como si fuesen favores hechos y por los que se debe compromiso político.    

Un sistema de tres pasos:

Primer paso no generar políticas públicas para que se consolide la necesidad, si es emergencia mejor.

Segundo paso “dejar hacer” a personas directa o indirectamente socia de la acumulación del capital político.

Tercer paso sostener un profundo marco de discriminación hacia aquellos que en ese mar de necesidades van en la ola, muchísimas veces pagando por ese pedazo de tierra, y en ocasiones hasta incluso por arriba de su hipotético valor de mercado, multiplicando así los asentamientos con la mayor de las precariedades y en contextos de indigencia.

La falta de políticas que reviertan décadas de precariedad útil a los modelos de construcción política corrupta y clientelar son la garantía de que lo que viene es peor, es cierto.

La multiplicación de la precariedad y la ilegalidad promete mucha más fragilidad.

Mayor fragilidad en la vida social, mucha más fragilidad humana de esos millones que están cayéndose fuera de la sociedad y sintiéndose cada vez más culpable y resentido.

Se multiplican los enfrentamientos entre vecinos, se multiplica la inseguridad que esta generalizada en toda la sociedad, pero que en la mayoría de los asentamientos tiene su propia expresión hacia el interior del mismo y hacia sus zonas cercanas.

Hoy pagan la consecuencia todos, menos los responsables.

Pagan la consecuencia las familias de los más de 150 barrios que caen en el nuevo punto de dependencia y clientelismo político, al igual que lo pagan los vecinos de las zonas que pierden todo tipo de planificación urbana, lo pagan aquellos vecinos propietarios de todas esas pequeñas fracciones de tierra que les son quitadas sin resarcimiento ninguno, lo pagan todos menos los responsables.

No paga las consecuencias el poder político local que gobierna nuestro municipio apoyado en esta realidad, ni lo paga su estructura.

El municipio de La Matanza cuenta con un presupuesto de 30.000 millones de pesos de los cuales 2.000 millones son de “libre disponibilidad” para decisiones políticas del intendente y más de 10.000 millones están en distintos plazos fijos, incluyendo uno en dólares.

Hay herramientas nacionales como la Ley Nacional 27.453 de regularización dominial para la integración urbana promovida por la gestión del presidente Macri y votada en unanimidad, y también están leyes provinciales como la de Acceso Justo al Hábitat que son un marco, y son instrumentos que el intendente Espinoza podría usar.

La reacción política necesaria es reconocer una emergencia de hábitat y desarrollar las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a un lote con servicio a valores accesibles y terminar así con la semi anarquía orquestada que se vive en La Matanza en estas horas.

Eduardo Lalo Creus.
Referente social y político.
Concejal (Bloque cambiemos juntos La Matanza)

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