El presupuesto de la Provincia de Buenos Aires que se está discutiendo hoy en la legislatura, además de introducir recortes en varias áreas de la gestión y en las cámaras de diputados y de senadores, también obligará a los concejos deliberantes a achicar en un 50% sus recursos anuales.
Esta novedad está siendo discutida junto con nuevas cargas a los municipios que se han visto beneficiados en todos los órdenes por el reparto de la coparticipación y la mayoría está con superávit operativo, en comparación de cómo empezaron hace casi tres años cuando asumió María Eugenia Vidal.
Uno de los nuevos gastos que deberán afrontar será el costo del Cinturón Ecológico, CEAMSE, que tratarán de compensar con impuestos cruzados.
Quizás quede dentro de las negociaciones cruzadas los supuestos cargos sobre el subsidio del transporte público que recaerá en la Provincia. También acá estarán los nombramientos que la oposición recibe en el Banco Provincia y el Tribunal de Cuentas, entre otros entes armados para estas situaciones.
Sin embargo, las buenas noticias para los intendentes será el recorte del 50% de los presupuestos de los concejos deliberantes, que pasarán de un gasto total del 3% de las erogaciones municipales a un 1,5%. Esto significa menos contratos y plata.
Los concejos lo único que maneja son contratos. No tienen incidencia en ningún otro tipo de gasto municipal, salvo para rechazarlo o aprobarlo.
Entonces, la dinámica que se dará sería la siguiente: cada vez que un concejal quiere nombrar un asesor, por así decirlo, deberá contar con la anuencia del Departamento Ejecutivo, que será el único autorizado, o con más presupuesto, para permitir que un empleado a trabajar en comisión.
Ese empleado, a su vez, estará sujeto a la discrecionalidad de la relación entre ambas partes, y todos saben quién ganará en esa puja. Entonces, los concejales pierden, además de presupuesto, poder para controlar o sancionar, salvo que alguno de los ediles elija seguir pobre pero con principios.
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