GOBERNADOR AXEL KICILLOF
Por Alejandro Cancelare
Que una persona que ve afectados sus ingresos o corre riesgo en su actividad cotidiana por una determinada decisión de un gobierno, cualquiera sea, tiene todo su derecho en rechazar lo que lo afecta y hasta iniciar una demanda.
En el caso de dominio público, la Provincia de Buenos Aires aumentó la base de los bienes sujetos al cálculo impositivo y sobre eso le puso un aumento del 300% en algunos bienes con respecto del año pasado y todos los sectores damnificados por esa suba, tanto productores agropecuarios como contribuyentes comunes pusieron el grito en el cielo y, además, iniciaron diferentes medidas de protesta.
Pero que un presidente de la Nación, máxima autoridad de otra instancia estatal, en este caso representante del Poder Ejecutivo Nacional se sume a la decisión de no pagar la suba que recibió en su caso el diputado nacional José Luis Espert es claramente una irresponsabilidad y roza con otras connotaciones mucho más relevantes que el simple mal desempeño de sus deberes de funcionario público.
Podría encuadrarse en apología del delito artículo 209 del Código Penal. «Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la Provincia», afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof.
«No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución no lo está haciendo», afirmó el gobernador en una rueda de prensa convocada para la ocasión.
Los aumentos, desmedidos y confiscatorios en muchos casos, que llevaron a multiplicar por cinco o por seis en algunos casos lo que se pagaba en diciembre de 2023 a lo que se exige pagar desde enero de 2024, fueron aprobados por la legislatura bonaerense con el apoyo de la mayoría de los diputados y senadores del PRO, la UCR y el peronismo Kirchnerista más la suma de los bloques considerados libertarios massistas de Diputados y el Senado. Solo fue rechazado por los otros seguidores de Javier Milei y Joaquín De la Torre y Juan Esper.
La crisis desatada entre Nación y Provincia se produjo luego que los dichos políticos del Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y vocero del gobierno nacional del diputado Espert en el que dijo que no pagará los impuestos que ARBA le envió con respecto de su automóvil, un importado de última generación de firma alemana. Y pidió que nadie más lo hiciera. Su mensaje en X fue retwitteado por el presidente de la Nación en un claro respaldo hacia ese pedido y luego lo ratificó en una entrevista televisiva.
Quizás en su afán de dejar en claro sus posturas, y hasta entendiendo que la administración de Kicillof no puede someter a los bonaerenses a un impuestazo que en muchos casos es confiscatorio, es un delirio y una falta de apego a las mínimas normas de administración del Estado pedir una rebelión fiscal desde el gobierno central.
Le podía exigir a Kicillof y su administración que baje el gasto público, que deje de nombrar gente en áreas ya superpobladas, que brinde mejores o algún servicio en materia de seguridad, educación y salud, que designe jueces y fiscales porque la Justicia está parada, etc, etc, etc. Pero jamás, jamás, pedir una actitud social que lleva de la mano a la parálisis total, si se cumpliera el no pago, de toda la administración provincial.
El Estado Nacional no tiene responsabilidades en escuelas, hospitales y seguridad, entre otras obligaciones que sí tienen las provincias. ¿Se pueden racionalizar? ¿Se deben administrar mejor? ¿Es siempre obligatorio administrar bien los escasos recursos existentes? Si. Todo Sí. Pero no se puede pedir desde la Presidencia una rebelión fiscal porque no le gustó el impuesto que le llegó a su domicilio. Porque eso le puede pasar al propio gobierno que los ciudadanos, hartos que le aumenten los precios en dólares, se nieguen a pagar el impuesto a las ganancias que seguramente volverán a tener que afrontar, o cualquier otra cosa que considere “injusto”.
La provincia se excedió y tendrá sus consecuencias en la caída abrupta del cobro. ¿Se animará a embargar cuentas? Ese costo por el extremo aumento aprobado también repercutirá en los municipios, que verán ajustados sus ingresos de manera considerable. Los jardines de infantes, la reparación de las calles, la desobstrucción de las alcantarillas y bocas de tormentas, la poda, los nosocomios y salas de atención primarias, la patrulla adicional, todo, todo se desmantelará.
Entonces, es imprescindible un llamado a la conciencia de todos los involucrados, aunque el presidente siga con su quijoteada de rebelión fiscal.
