El gobierno de la Provincia de Buenos Aires cesanteó a 550 efectivos que habrían participado de las protestas realizadas en septiembre del año pasado en Puente 12, sede operativa del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y en la Residencia Presidencial de Olivos.
Esta decisión causó profunda preocupación en varios secretarios de Seguridad y de Gobierno de municipios del conurbano porque “ya que no contamos con policías para que se suban a un patrullero, ahora los echan por protestar y nos dejan menos”.
Uno de los municipios más castigados porque fue donde se inició la protesta del año pasado es La Matanza, donde todos los días los hechos de inseguridad son trágicos.
En sus considerandos, tanto Berni como el ministro Axel Kicilof sostuvieron que las protestas tuvieron un fin político para dañar la imagen oficial de la gobernación.
Esta postura final pasó por varias fases. La primera, fue la perplejidad ante una movida impensada para un ministro que cree saber todo lo que pasa en su área.
Luego, con la anunciada recomposición salarial y de horas complementarias, fruto de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, todo pareció encauzarse a pesar que las tensiones persistían producto de que los anuncios iniciales no habían sido cumplidos de manera integral.
El propio ministro de Seguridad había declarado en favor de la labor policial y hasta se negó a sancionar al personal que, al ver a la ex ministra de Seguridad del gobierno anterior, Patricia Bullrich, le hizo la venia como si actualmente siguiera en su cargo.
Sin embargo, algo había empezado a cambiar con la llegada del verano y las quejas aparecieron entre los participantes del Operativo Sol 2021, en el que trabajan varios efectivos trasladados de otros lugares.
Los policías, además de las quejas habituales por hacinamientos y precariedad en los alojamientos brindados, también le sumaron las cuestiones salariales, algo que se empezó a replicar en las redes y los miembros de la Bonaerense que volvieron a quejarse por el exiguo aumento del inicio del año.
Quizás para dar un claro mensaje sobre los riesgos que correrán ante un nuevo levantamiento, las autoridades provinciales no dudaron en cesantear a medio millar de agentes de todo el conurbano.
Las comisarías y centros operativos son desde ayer un hervidero y ámbitos de discusiones y asambleas de un virtual sindicato inexistente pero que tiene al policía como un protagonista permanente.
Esa preocupación fue ratificada por los intendentes, que apenas consiguen tener paz con el ministro, se enteran que tienen menos agentes para custodiar a sus vecinos.
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